informe

Las amenazas y homicidios, sumados a la falta de rigor para aplicar una legislación deficiente, están impidiendo que se cumpla la promesa del gobierno colombiano de devolver a las comunidades campesinas, indígenas y afrodescendientes los millones de hectáreas de tierra que les fueron arrebatadas ilegalmente, ha manifestado Amnistía Internacional hoy.

En un nuevo informe titulado Un título de propiedad no basta: Por una restitución sostenible de tierras en Colombia, Amnistía Internacional examina la aplicación en 2012 de la Ley de Víctimas y Restitución de Tierras (Ley 1448), y muestra que defrauda a la gran mayoría de la personas a quienes se robó la tierra. Muchas de ellas no han podido regresar a casa debido a las constantes amenazas de violencia y a la lentitud del proceso de restitución..

Casi seis millones de personas (el 13 por ciento de la población) han sido desplazadas a la fuerza, principalmente por paramilitares y por las fuerzas de seguridad, a lo largo del sangriento conflicto armado de Colombia. Se calcula que se han adquirido ilegalmente ocho millones de hectáreas, una superficie mayor que Costa Rica, a menudo en beneficio de poderosos intereses económicos.

Aunque Amnistía Internacional acogió con beneplácito la promulgación de la Ley, la falta de medidas para aplicarla de manera efectiva y abordar sus deficiencias, ha supuesto que el gobierno no esté respetando el derecho de las víctimas a un recurso efectivo.

Incluso cuando se entregan títulos de propiedad en virtud de la Ley 1448, las amenazas de violencia y la falta de infraestructura básica y de apoyo económico impiden a la gente regresar a casa.

AMNISTIA INTERNACIONAL

La Oficina en Colombia del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos recibió con gran preocupación la noticia sobre la salida del país, por amenazas contra su vida, de Gerardo Vega, Director de la Fundación Forjando Futuros, Premio Nacional de Paz de 2012, y reconocido defensor de derechos humanos e impulsor del proceso de restitución de tierras auspiciado por el Gobierno de Colombia.

Tanto Gerardo Vega como la lideresa Carmen Palencia denunciaron en noviembre ante la Fiscalía General de la Nación y otras instituciones la existencia de un plan para atentar en contra de sus vidas y las de otros líderes y lideresas. También denunciaron que el plan estaba dirigido en contra de Alfranio Solano y Carlos Páez, líderes de restitución de tierras, integrantes de la Organización “Tierra y Vida”..

La Oficina reconoce que el Estado colombiano en el cumplimiento de su deber de proteger la vida y la integridad personal ha brindado medidas de protección a Gerardo Vega y a otros integrantes de la Organización “Tierra y Vida”.

Sin embargo, la Oficina urge nuevamente a la Fiscalía General de la Nación a que investigue de manera rápida y efectiva el homicidio del señor Padilla, así como las denuncias interpuestas por Gerardo Vega y Carmen Palencia, con el fin de que se proteja su vida e integridad personal y se investigue, capture y sancione a los responsables de los delitos antes mencionados.

El director de la fundación Forjando Futuros, Gerardo Vega, denunció a través de Caracol Radio, nuevas amenazas a la comisión de 4 topógrafos que adelantan levantamientos de predios en el Urabá Antioqueño.

“Mientras adelantamos el levantamiento topográfico de 28 fincas en Urabá, en la Hacienda Mundo Nuevo de Turbo, unas  7 personas a caballo, paramilitares, se acercaron a los topógrafos y pretendieron quitarles los equipos, pidiéndoles la cédulas y con los caballos impidiendo el avances de la comisión de topógrafos”, afirmó Gerardo Vega.

Afirma que no recibieron acompañamiento de las autoridades locales de Policía, ni de la Unidad Nacional de Restitución de Tierras.

Son 4 topógrafos, 6 familiares de víctimas, dos líderes de tierras y dos miembros de la Unidad Nacional de protección que acompañan a los líderes, es decir, en total son 14 personas, que están divididas en dos grupos en una finca de 4 mil hectáreas, donde hay muchas parcelas y predios que dicen las víctimas son de ellos y por eso nuestro propósito es obtener los levantamientos para dárselos al juez.

Agregó que de no darse acompañamiento por parte de las autoridades nacionales y de Urabá, buscaran apoyo internacional.

No obstante, los diálogos de paz que se están llevando a cabo en la Habana también han presentado dificultades, sobre todo en las opiniones que han generado últimamente. Por una parte, en las ultimas semanas varios críticos acérrimos al procesos se han hecho presente en los medios de comunicación, como por ejemplo el Procurador Alejandro Ordoñez y el escritor Fernando Vallejo.

Recientemente el actual presidente de Colombia, Juan Manuel Santos,  afirmo en una entrevista dada al National Public Radio (NPR) de EEUU que el proceso de paz con las FARC ha avanzado significantemente, sin embargo, hay un factor que puede afectarlos o dificultar su desarrollo. Esta adversidad es el arduo trabajo para llegar a un acuerdo en cuanto a la justicia que será aplicada en un posconflicto o posacuerdo para los miembros de la organización guerrillera. Puesto que el presidente Santos esta intentando firmar la paz a como de lugar, se encuentra en una encrucijada de exigencias políticas, por una parte el sector que se posiciona en contra del proceso actual afirma que la cárcel es el único método de justicia aplicable a los dirigentes de las FARC, no obstante las FARC afirman que ninguno de sus integrantes pagara un día de prisión.

Hace unos días en una reunión entre el Presidente Juan Manuel Santos y el Procurador Alejandro Ordoñez, la polémica de varios puntos de los diálogos de paz en la Habana volvieron a surgir, puesto que Ordoñez se ha caracterizado por ser un fuerte critico de los procesos de paz. Hace poco, el mandatario colombiano dio a conocer las 45 preguntas que el procurador le hizo en su reunión, las cuales hacen referencia principalmente a las victimas, a los aspectos jurídicos del posacuerdo y a los aspectos institucionales.

El pasado 6 de abril en la Cumbre Mundial de Arte y Cultura por la Paz, el escritor Fernando Vallejo radicalizo su posición en torno al procesos de paz por medio de una fuerte critica a estos y al Presidente Santos. En el reproche del famoso escritor colombiano se reflejo la contradicción del mandato de Santos, quien obtuvo su primera presidencia tras una exitosa carrera de Ministro de Defensa por sus importantes actividades de guerra y que recientemente gano la reelección con sus consignas de paz.  La opinión de Vallejo causo polémica seguramente por el escenario en donde la manifestó y porque algunos de sus colocutores se posicionaban a favor del procesos de paz.

El pasado 25 de marzo varios asesores del general retirado del Ejército, Jorge Enrique Mora, negociador actual en las mesas de dialogo, se retiraron de sus labores por supuestos desacuerdos con los cambios introducidos en los diálogos que se desarrollan actualmente en la Habana. Sin embargo, el 8 de abril todos los asesores retirados declararon públicamente su regreso a las mesas de dialogo, afirmando el mejoramiento del ambiente y su compromiso con la paz del país.

El secretario general de Uasur, Ernesto Samper, le dijo a la prensa que la organización conocida como Cruz del Sur apoye a la desmilitarización de Colombia en un escenario de posconflicto. De esta manera, Samper también expresa que la creación de una fuerza de paz regional, que no posea ningún compromiso hegemónico, puede tornarse fundamental para la desmovilización que se debe dar a raíz de la firma de los acuerdos de paz en Colombia.

En la reciente Cumbre de Arte y Cultura por la Paz, la cual gozo de invitados tanto nacionales como internacionales, el movimiento argentino de las Abuelas de la Plaza de Mayo reafirmaron su apoyo al proceso colombiano de paz, quienes por medio de su presidenta, Estela Carlotto, afirmaron que la paz en Colombia se debe construir desde la justicia social y la reconciliación. Carlotto, además, expreso su pleno apoyo a organizaciones similares a la suya, como por ejemplo, el de las Madres de Soacha, quienes representan a las familias que han sido victimas de la desaparición forzada de alguno de sus integrantes o conocidos por la fuerza pública. 

Uno de los voceros del grupo guerrillero de las FARC, alias Edinson Romaña, afirmo que en los próximos meses se estará iniciando el plan piloto entre el gobierno y la guerrilla para el desminado nacional. Romaña anuncio que se crearan primeramente 3 grupos conformados tanto por integrantes de las FARC como del Ejército, quienes trabajaran en conjunto por primera vez.  El acuerdo de desminado nacional que se firmo durante el ultimo ciclo de conversaciones de paz se hará en aras de empezar un verdadero cambio de posconflicto que ayude a la sociedad civil, quien es la principal victima de las minas antipersona.