La coyuntura de
dinámicas territoriales ha presentado varias novedades esta semana, sobre todo
en los temas referentes a los diálogos de paz, tierras y campesinos. Por una
parte la decisión de suspender las fumigaciones de cultivos ilícitos con
glifosato ha generado controversia, puesto que un sector lo apoya y otro lo ve
como una muestra de poco compromiso con la guerra contra el narcotráfico. Por
otra parte, este jueves se dará inicio al ciclo 37 de las conversaciones de paz
en la Habana, Cuba.
El próximo jueves 21
de mayo se iniciara el ciclo numero 37 de las negociaciones entre el gobierno
de Colombia y la guerrilla de las FARC. Por esta razón la comisión negociadora
del gobierno de Juan Manuel Santos viajó el miércoles 20 de mayo para la Habana
Cuba. A pesar que ninguno de los delegados de la comisión de los diálogos de
paz dio declaraciones públicas sobre la reanudación de las negociaciones, se
presupone que en este ciclo se retomaran los temas de reparación de victimas y
del desminado nacional, el cual empezara con un plan piloto en los
departamentos de Antioquia y Meta.
En los últimos días
el presidente de Colombia, Juan Manuel Santos, decidió incluir en los
negociadores de la Habana a la canciller María Ángela Holguín y el líder
empresarial Gonzalo Restrepo López, con el fin de fortalecer el perfil
internacional y empresarial del proceso de paz. El mandatario colombiano afirmo
que la función de esta modificación al grupo de negociadores es agilizar el
ritmo del proceso, puesto que, según Santos, la paciencia de los colombianos no
es infinita.
Recientemente el
Fiscal reconoció al máximo líder de las FARC, Rodrigo Londoño Echeverri, Alias
“Timochenko”, fue reconocido como negociador del proceso de paz llevado a cabo
en la Habana, Cuba. La oficina del Alto
Comisionado para la paz la paz indico que no participara de manera
plenipotenciaria, es decir, que no desarrollara las mismas labores que los
otros delegados de la organización guerrillera. El Fiscal, Eduardo Montealegre,
afirmo que la orden vino directamente del presidente Juan Manuel Santos.
El General de
Brigada que comanda las fronteras de Ecuador, Fernando Proaño Daza, aseguro que
las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) han aumentado su compra
de armas y de material bélico desde que las negociaciones de paz iniciaron.
Según el Comando Operacional Número 1 Norte descubrió un taller de armas el 9
de enero en el sector El Salado, en donde se encontraron mas de 1300 materiales
explosivos, seis revólveres, dos cartucheras, cinco escopetas, munición y
piezas para la fabricación de armamento.
El debate de las
ultimas semanas sobre la necesidad de la presencia del exjefe de la guerrilla,
Ricardo Palmera, alias “Simón Trinidad”, en los diálogos de paz. La presencia
del ex guerrillero, que actualmente se encuentra recluido en la prisión
Supermax de Colorado, ha sido solicitada
por sus importantes testimonios en cuanto a la reparación y reconocimiento de
victimas, tema transversal en estas ultimas instancias del proceso. Sin
embargo, son los jueces norteamericanos quienes tienen la ultima decisión sobre
su participación.
El senador del Polo
Democrático Alternativo, Jorge Robledo, al igual que la mayoría de los sectores
de izquierda del país celebraron la decisión del Consejo Nacional de
Estupefacientes de suspender la fumigación de cultivos ilícitos con glifosato.
Incluso, Robledo afirmo que la decisión se demoro más de lo debido, puesto que
fumigar los cultivos con glifosato es como fumigar a los campesinos como
cucarachas.
La reciente decisión
del Consejo Nacional de Estupefacientes, de suspender definitivamente las
fumigaciones aéreas con glifosato a los cultivos de coca que existen en el
país. Según un informa del Consejo Nacional de Estupefacientes, la mayoría de
los cultivos de coca se encuentran sembrados en medio y bajo Cauca, las cuales
han sido también una de las zonas mas criticas de las fumigaciones con
glifosato.
El Paro Nacional
Agrario del 2013 se termino tras la firma de varios consensos, puntos y
acuerdos que deben estar desarrollándose actualmente. Sin embargo, en los
últimos días los campesinos del departamento de Antioquia se han manifestado en
las plazas públicas, como el polideportivo y el parque principal del casco
urbano, para expresar su inconformidad en cuento a los abusos y atropellos de
la Fuerza Pública, y los incumplimientos de la administración municipal,
departamental y nacional con respecto a los acuerdos de dicho paro del 2013.
Según un informe del
Centro de Recursos para el Análisis de Conflictos (CERAC), la violencia en
contra de los grupos indígenas del país ha aumentado críticamente en el ultimo
y reciente año. Esto se puede explicar con las recientes protestas y
manifestaciones violentas que se han dado en el Cauca, en donde, en lo que lleva
del año han muerto 9 indígenas.
La agencia española
de Cooperación Internacional para el Desarrollo (AECID) concluyó un programa
que ha desarrollando con las comunidades ancestrales de la Sierra Nevada de
Santa Marta, que consiste en garantizar el abastecimiento, tratamiento de
agua y saneamiento básico. Estas obras
beneficiaran a mas de 5000 habitantes de la zona y a mas de 24.000 personas
estacionales pertenecientes a los pueblos indígenas kogui, arhuacos, wiwa,
kankuamos de la Sierra Nevada de Santa Marta.
Se realizará una
jornada teniendo en cuenta la Ley 1448 de 2011 que define como víctima a toda
persona que a partir del 1º de enero de 1985 haya sufrido delitos relacionados
por infracciones al Derecho Internacional Humanitario o de violaciones graves a
las normas internacionales de Derechos Humanos;tales como heridos y muertos en
combate, secuestrados, desaparecidos, desplazados y demás hechos que se
relacionen o hayan tenido lugar con el acto del servicio ocurridas con ocasión
del conflicto armado interno. Los huilenses que consideren que han sido
afectados por el accionar de las Fuerzas Militares pueden acercarse a las
oficinas de la Jefatura Jurídica Integral y la Novena Brigada en Neiva, los
días 21 y 22 de mayo, a partir de las 7:30 a.m. hasta las 6:00 p.m., en la
carrera 16 Nº 21-300, Avenida Tenerife.
La Jefatura Jurídica
Integral y la Novena Brigada anunciaron que continuarán este año con las
jornadas de inscripción de víctimas para miembros de la Fuerza Pública y sus
familias en ocasión al conflicto armado. La nueva fecha está establecida para
los días 21 y 22 de mayo en la ciudad de Neiva, en las instalaciones de la
Brigada, carrera 16 Nº 21-300, avenida Tenerife, a partir de las 7:30 a. m., en
horario continuo hasta las 6:00 p. m. De acuerdo con el informe oficial, la
jornada se realizará teniendo en cuenta la Ley 1448 de 2011 que define como
víctima a toda persona que a partir del 1 de enero de 1985 haya sufrido delitos
relacionados por infracciones al Derecho Internacional Humanitario o de
violaciones graves a las normas internacionales de Derechos Humanos; tales como
heridos y muertos en combate, secuestrados, desaparecidos, desplazados y demás
hechos que se relacionen o hayan tenido lugar con el acto del servicio
ocurridas con ocasión del conflicto armado interno, se realizarán los procesos
de inscripción.
Desde hace más de
medio siglo Colombia es un teatro de confrontación sobre el que se desarrolla
un crítico, profundo y sostenido conflicto armado interno. Pese a que siempre
se ha caracterizado por irradiar una baja intensidad militar, propia de lo que
algunos llaman “guerra irregular”, este conflicto nunca ha dejado de ofrecerle
a los registros estadísticos locales e internacionales los ya acostumbrados
sucesos bélicos, reproducidos casi a diario, que hoy sitúan al país dentro del
conjunto de naciones que por cuenta de tales sucesos presentan elevados índices
de población forzadamente desplazada, índices que se alzan como los reflejos
matemáticos de una preocupante realidad que más afecta a la sociedad civil que
a los distintos actores en contienda.
No es una justicia
especial. Cuando hablamos de Justicia Transicional estamos hablando sobre
diferentes mecanismos que una sociedad y un Estado ponen en marcha para hacer
frente al legado de graves violaciones a los derechos humanos y a las
atrocidades que se han cometido, ya sea en situaciones de conflicto como es el
caso de Colombia, o por ejemplo, mecanismos que se han usado en situaciones de
transición de regímenes autoritarios o dictaduras a democracias. Esas
situaciones de transición de la dictadura a la democracia, o del conflicto al
posconflicto, son muy particulares, que suelen desafiar la capacidad de los
Estados. Cuando hablamos de masividad de víctimas, estamos hablando de
siete millones de personas afectadas de un conflicto de más de 50 años, incluso
si nos fuéramos más atrás del año que establece la ley de víctimas, pues
seguramente el número sería mucho mayor.
Hasta el próximo 10
de julio la Unidad Móvil de Atención a Víctimas del conflicto armado realizará
jornadas para asesorar a las personas que busquen ingresar al Registro Único de
Víctimas, según lo pretende el Ministerio de Justicia y liderada por la
Dirección de Justicia Transicional. Después de esta fecha, la Unidad Móvil
continuará su recorrido por todas las regiones del país con talleres de
acompañamiento psicosocial para seguir garantizándoles a las víctimas el acceso
a la justicia y a todos los componentes de la Ley 1448 de 2011.
La Mesa de Víctimas
de Sucre viene reiterando su inconformismo por la falta de recursos de las
entidades encargadas del apoyo a esta población en el departamento de Sucre,
para cumplir con la atención integral, tal como lo establece la Ley. Durante el
Comité de Justicia Transicional, presidido por el gobernador de Sucre, Julio
César Guerra Tulena, y la secretaria de Gobierno departamental, Angélica
Arbeláez.
Cielo Riveros
Duarte, secretaria del Interior, aseguró que la elección de esta Mesa
Departamental es un espacio de participación abierto consagrado en la ley 1448,
que a nivel municipal, distrital, departamental y nacional sirven para
garantizar la incidencia y representación de las víctimas y sus organizaciones.
La Gobernación del Tolima, a través de la Secretaría del Interior y la Dirección
de Derechos Humanos, desde su plan de desarrollo tiene como prioridad la
atención especial a la población que ha estado en medio del conflicto armado en
Colombia apoyando las iniciativas que traigan un mayor reconocimiento de su
condición, atención prioritaria y respaldo que se deben dar en estos
casos.
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