En la historia colombiana se encuentra estrechamente relacionada con el “conflicto interno”. Tras onceavos intentos fracasados de diálogos de paz, actualmente en la mesa de la habana con el Gobierno Santos, avanzan los diálogos. La agenda de discusión incluye por un lado; política de desarrollo agrario integral; participación política y garantías; fin del conflicto; soluciones al problema de las drogas ilícitas; víctimas; y por último la implementación, verificación y refrendación. En ese sentido se permitirá de forma más óptima la restitución de tierras, pero no hay que olvidar que alternamente de fondo se discute el poder territorial entre insurgentes y Gobierno. Sin olvidar, otras situaciones del país como los territorios indígenas, campesinos y afros, también contenida en la repartición de la tierra o la expresión de la tenencia de tierras.
Mientras en la habana se discute el fin del enfrentamiento armado, dentro del país se comete atropellos a los derechos humanos frente a comunidades indígenas, con actos violentos de agresión física, arremetidas, puesto a que las comunidades exigen la recuperación de sus territorios ancestrales. Además de las políticas agrarias actuales frente a las que los campesinos se encuentran inconformes, contando además con la presencia de las trasnacionales, resaltando entonces el interés económico y político de los territorios, sin observar el desarrollo y soluciones realmente profundas estructurales en cuanto a la distribución territorial.
Entre tanto la restitución de tierras, por diferentes factores, se ha visto como un proceso lento y en algunos casos poco efectivo, por ejemplo en el caso de los Montes de María el líder de la restitución se encuentra amenazado. Otro caso en Córdoba, por denuncias de presencia de la guerrilla se frenaron 662 solicitudes de restitución. Aún sin desconocer los procesos que la URT (unidad de restitución de tierras) viene trabajando en 17 zonas microfocalizadas en Bolívar, en los municipios de El Carmen de Bolívar, San Jacinto, San Juan Nepomuceno y María la Baja, donde se han restituido más de 35.000 hectáreas a las víctimas del conflicto armado. En ese sentido el análisis parte de reconocer que algunas zonas que se están dando para la restitución de tierras son reservas forestales, que implicaciones tendría a largo plazo que se sigan repartiendo territorios, además cuando no se desconoce que de fondo existen intereses económicos del trabajo de la tierra, lo que en vez de mitigar las tensiones, se elevarían.
